Golpes de Estado en Argentina(anteriores a 1976)
Entre 1930 y 1983 Argentina vivió un período marcado fundamentalmente por 6 golpes de Estado (1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976) con pequeños períodos de democracias débiles.
1) 1930
José Félix Uriburu (1930-1932) encabezó el primer golpe militar de nuestra historia. Derrocó al presidente Yrigoyen. Este golpe inauguró la “década infame”, una época marcada por la corrupción y el fraude electoral.
Agustín P. Justo (1932-1938) firmó el pacto Roca - Runciman, que siempre fue criticado por generar desventajas comerciales para el país.
Roberto M. Ortiz (1938-1942) triunfó en elecciones fraudulentas. Impulsó tímidas medidas democráticas. Renunció al cargo por enfermedad. Ramón Castillo (1942-1943), vicepresidente de Ortiz, lo sucedió tras su retiro. Fue depuesto por el general Rawson.
2) 1943
Pedro P. Ramírez (1943-1944) asumió tras el golpe del 4 de junio de 1943. Edelmiro J. Farrell (1944-1946) reemplazó al general Ramírez y puso a Perón al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
Democracia: 1946-1955. Juan Domingo Perón fue elegido dos veces con gran apoyo popular. Inauguró una época marcada por la política social y el desarrollo económico.
3) 1955
Eduardo Lonardi (1955) lideró el golpe contra Perón, la autodenominada “Revolución Libertadora”. Aviones de la Marina bombardearon Plaza de Mayo. Perón renunció y se exilió en Paraguay.
Lonardi fue destituido por Eugenio Aramburu (1955-1958), quien anuló la Constitución de 1949 y restableció la de 1853. En 1958 convocó a elecciones.
Democracia: 1958-1962. Arturo Frondizi (1958-1962) triunfó en las elecciones tras hacer un pacto con Perón. Fue centro de numerosos planteos militares.
4) 1962
José Maria Guido impuso un golpe y sostuvo un gobierno civil de facto. Frondizi fue confinado en la Isla Martín García.
Democracia: 1963-1966. Arturo U. Illia triunfó con el 22 % de los votos. El peronismo, proscripto, apoyó la abstención y el voto en blanco. Illia gobernó con fuerte presión sindical. Fue un gobernante honesto, pero con escaso respaldo popular. El Ejército se dividió entre azules y colorados. Los "azules" impusieron al general Juan C. Onganía como comandante en jefe.
5) 1966
Juan Carlos Onganía (1966-1970) derrocó a Illia e instauró un régimen autoritario, marcado por la censura. Roberto M. Levingston (1970-1971) inició una tímida apertura política pero rápidamente fue depuesto. Alejandro A. Lanusse (1971-1973) llamó a superar los "errores del pasado" en un Gran Acuerdo Nacional. Intentó un acercamiento con Perón, que fracasó, y convocó a elecciones.
Democracia: 1973-1976. Héctor J. Cámpora triunfó con el lema "Cámpora al gobierno. Perón al poder". Renunció y convocó a elecciones. Raúl Lastiri (1973) fue presidente entre julio y octubre. Juan D. Perón (1973-1974) regresó y su llegada quedó marcada con la masacre de Ezeiza. Murió en medio de huelgas y acciones violentas. María Estela Martínez de Perón (1974-1976), su vice, asumió la presidencia, tras la muerte de su marido.
En 1975 el "Rodrigazo" marcó un ajuste económico que disparó la inflación. La presidente fue depuesta por una Junta Militar el 24 de marzo de 1976.
La "Revolución Libertadora": El proyecto de las Fuerzas Armadas de desperonizar la sociedad argentina (1955-1958)Antecedentes y preparativosSi bien J. D. Perón ya había tenido roces y problemas con diversos sectores (Partido Comunista y socialista, y la Federación Universitaria Argentina), los cruces con los militares comenzaron en ocasión de la reforma constitucional de 1949, que entre otras medidas le otorgaba más atribuciones al gobierno para intervenir en la economía y esto generaba malestar en las clases conservadoras. Posteriormente, estas fricciones se profundizaron cuando en 1951 se comenzó a hablar de la posibilidad de que Eva Perón, fuese candidata a vicepresidenta. Además debe señalarse que la oposición principal estuvo a cargo de la Unión Cívica Radical y que podría indicarse como características del gobierno la afiliación compulsiva de los empleados públicos al Partido Peronista y la obstaculización al uso de la radio por parte de los partidos de oposición (y también de la televisión al iniciarse ésta en el país). Finalmente, recién el 27 de julio de 1955, luego de la fracasada asonada del 16 de junio, le fue permitido leer por Radio Belgrano al Dr. Arturo Frondizi, un mensaje que debió presentar previamente para su censura y que se transmitía con una demora de algunos segundos para controlar que no se apartase del texto aprobado. Ese mismo día se conoció la noticia de la desaparición y muerte del médico y dirigente comunista Juan Ingalinella a manos de la policía.
Primer intento de golpeEn 1951 el general Benjamín Menéndez se sublevó contra el gobierno de Juan Domingo Perón, pero no tuvo éxito, pues no encontró adhesiones importantes dentro del aparato militar. El mismo 28 de septiembre, Perón declaró el estado de guerra interno, y dijo que "todo militar que no se subordine o se subleve contra las autoridades o participe en movimientos tendientes a derrocarlas o desconocerlas, será fusilado inmediatamente". Aun así, ninguno de los sublevados fue fusilado.
Pero la conspiración en contra del gobierno de Perón continuó, conforme aumentaba su respaldo popular. Eduardo Lonardi, que estaba preso, nominó al entonces general Pedro Eugenio Aramburu como el jefe del movimiento. El presidente Perón contaba con el apoyo de grupos nacionalistas y católicos, tanto dentro del ejército como de la sociedad civil, sumados a la clase trabajadora y la CGT. Aramburu pensaba que todavía no era momento de sublevarse, pues la muerte de Evita había producido una galvanización del peronismo y una aglutinación de los trabajadores en torno al que reconocían como su líder indiscutido.
Antes de las elecciones de 1952, recrudeció la violencia en el país. El dirigente del Partido Comunista, Rodolfo Ghioldi, fue herido de bala y estuvo cerca de la muerte. Ricardo Balbín, radical, fue objeto de un atentado, y el socialista Alfredo Palacios afirmó que el Partido Socialista no se presentaría a elecciones. Fue en aumento la propaganda antigubernamental de los partidos que se oponían al peronismo.
Perón triunfó en las elecciones de 1952. Una orden general del 18 de abril de 1952 decía que se debía "aniquilar a las fuerzas adversarias ante el supuesto de un atentado contra el Presidente. El procedimiento a observar será drástico. A un atentado contestar con miles de atentados".
El enfrentamiento de Perón con los sectores católicos precipitó la conspiración en su contra. Perón había llamado a una Convención Constituyente para separar a la iglesia del Estado, lo que puso a los sectores católicos en pie de guerra junto a los otros sectores que venían conspirando.
Segundo intento de golpe: la caída de PerónFinalizado su primer mandato, Perón fue reelecto presidente por el período 1952-1958. Pero las condiciones ya no eran las mismas, la situación económica empeoraba, crecía el descontento de numerosos sectores, entre ellos la Iglesia Católica, los grupos agrícolo - ganaderos, la Marina y varios partidos políticos, fundamentalmente la U.C.R.
Las razones del descontento de la oposición, de los oficiales del ejército, en particular, de la Marina, de la Iglesia Católica y de parte de la población civil estaban, por ejemplo, en el creciente enfrentamiento que Perón mantenía con la Iglesia (ley de divorcio, funcionamiento de prostíbulos, el abandono del sostén del culto por parte del Estado).
Otra cuestión que había irritado a los sectores ultranacionalistas era que Perón planeaba pasar la explotación del petróleo de la Patagonia a empresas mixtas, con la participación de capitales norteamericanos, junto a YPF.
Bombardeo en Plaza de MayoEl 16 de junio de 1955 se produce un levantamiento militar en el que la Aviación Naval bombardeó Buenos Aires causando 364 muertos (algunas versiones elevan esa cifra a 500) y un millar de heridos.
Perón se refugió en los subsuelos del Ministerio de Guerra, donde hoy funciona el Comando en Jefe del Ejército, dejando el manejo de la situación a su Ministro de Guerra Franklin Lucero.
Se combatió por aire, mar y tierra. Aviones de la Marina se enfrentaron a los de la Fuerza Aérea y atacaron a unidades del ejército que convergían sobre el epicentro de la ciudad. Los puntos bombardeados fueron la Casa de Gobierno, los alrededores de Plaza de Mayo, el Ministerio de Guerra, el Departamento Central de Policía, la zona aledaña a la Residencia presidencial, en la zona norte del Gran Buenos Aires en el barrio de Olivos y otros sectores de la ciudad.
Aviones de la Marina fueron derribados, uno de ellos sobre el Río de la Plata y otro en la localidad de Tristán Suárez y el Regimiento de Granaderos a Caballo y cuerpos del Ejército, con el Regimiento Motorizado Buenos Aires a la cabeza, lograron rechazar el ataque de la Infantería de Marina sobre la Casa de Gobierno y rendir al Ministerio de Marina, donde se había concentrado el alto mando rebelde, cuyo jefe, el contralmirante Benjamín Gargiulo, al ver fracasada la asonada, se suicidó.
El gobierno logró la rendición de los jefes militares golpistas. Pero la acción de las fuerzas civiles que apoyaban al gobierno (y que partieron de dos reparticiones del Estado y del local del Partido Peronista) aumentó los problemas. Varias iglesias, la Curia de Bs. As. y edificios de varias instituciones fueron saqueados e incendiados. La policía, las fuerzas militares y los bomberos se abstuvieron de intervenir; estos últimos comenzaron a actuar contra el fuego una vez terminada la agresión. Perón intentó calmar la situación, reemplazó a los ministros de prensa y declaró finalizada la revolución peronista y abierta una nueva etapa de carácter constitucional. El 15 de julio de 1955 pronunció un discurso ante los legisladores peronistas: implicaba un reconocimiento de críticas de los opositores hacia su régimen. La oposición política reaccionó con desconfianza y reclamó el restablecimiento de las garantías jurídicas comenzando por el levantamiento del estado de guerra interno -un mecanismo similar al del estado de sitio que permitía al Poder Ejecutivo suspender las garantías constitucionales y arrestar a individuos sin orden judicial, vigente desde 1951.
La oposición mientras tanto organizaba el golpe de estado con la participación de oficiales del Ejército y principalmente de la Marina.
El 16 de septiembre de 1955, tres meses después del bombardeo a Plaza de Mayo, estalló en Córdoba la insurrección cívico-militar que daría inicio a la autodenominada Revolución Libertadora. Los rebeldes contaron con el apoyo de los llamados comandos civiles revolucionarios, que combatieron contra las tropas leales al presidente Perón en Alta Córdoba y mantuvieron escaramuzas en distintos puntos del país, ocupando edificios públicos y constituyeron un factor de enlace permanente con los militares sublevados.
Hubo fuertes enfrentamientos entre la Escuela de Artillería, su aliada, la Escuela de Tropas Aerotransportadas y la vecina Escuela de Infantería, leal al gobierno, en las afueras de Córdoba y se combatió en el epicentro de aquella ciudad, sobre todo frente al histórico Cabildo; en la Escuela Naval Militar (Argentina) y en la Base Naval de Río Santiago, ambas atacadas por la Fuerza Aérea leal y en el Río de la Plata, donde la Escuadra de Río sufrió serios daños. También se produjeron choques en Curuzú Cuatiá (provincia de Corrientes), en Cuyo y Entre Ríos. Curuzú Cuatiá fracasó y Aramburu dispersó sus fuerzas. El almirante Rojas, hostigado por la Aeronáutica, abandonó Río Santiago y se embarcó en el crucero “17 de octubre”.
Hubo duros enfrentamientos entre fuerzas del Ejército y la Aviación Naval en la zona de Sierra de la Ventana y Tornquist y combates de consideración en Bahía Blanca (la Infantería de Marina tomó la ciudad) y la provincia de Río Negro donde un convoy fue atacado por aviones navales. Por otra parte, la Marina bombardeó los depósitos de combustible y la Escuela de artillería antiáerea de Mar del Plata. Unidades rebeldes de la Fuerza Aérea atacaron aeródromos y bases leales en diferentes puntos de las provincias de Córdoba y Buenos Aires. El 18, las naves de la Marina bloquearon Bs. As. y lanzó su ultimátum: si Perón no renunciaba, atacarían los depósitos de combustible de La Plata y Dock Sud.
Los enfrentamientos se extendieron del 16 al 21 de septiembre y finalizaron cuando en la madrugada de ese día tanques del Ejército cañonearon y demolieron la sede de Alianza Libertadora Nacionalista en el centro de Buenos Aires, matando a muchos de sus integrantes y cuando a las 6:00AM cayeron las últimas bombas rebeldes en las pistas de Las Higueras, Río Cuarto (Córdoba) todavía en manos de fuerzas alineadas con el gobierno.
Antes de la hora señalada como ultimátum, el Ministro de Guerra, el General Lucero, pidió parlamentar y leyó una carta en la que Perón solicitaba la negociación de un acuerdo. Esta carta no era necesariamente una renuncia, Perón describía su actitud como un renunciamiento (Hace algunos días... decidí ceder el poder... Ahora mi decisión es irrevocable... Decisiones análogas del vicepresidente y de los diputados... El Poder del Gobierno pasa por ello automáticamente a las manos del Ejército); pero la Junta de Generales Superiores del Ejército decidió considerarla como tal, tras lo cual se constituyó una junta militar integrada por 17 generales: entre otros, José Domingo Molina, Raúl D. Tanco, Juan José Valle, Angel J. Manni, Emilio Forcher y Oscar A. Uriondo, que declaró haber asumido el Poder Ejecutivo.
El general Lucero leyó la carta de Perón, por la cadena de radio y televisión. Esa misma noche Perón se reunió con la junta militar para informarle que él no había renunciado; la junta sin embargo no fue disuelta. Por el contrario, inició negociaciones con los rebeldes; el 21 de septiembre conviene con ellos los puntos de acuerdo en base a los cuales se entregaría el poder, lo que se realizó el 23 de ese mismo mes.
El 20 de septiembre por la mañana, Perón pidió asilo en la embajada de Paraguay y una vez que le fue concedido subió a bordo del buque paraguayo "Paraguay", una cañonera militar.
El golpe militar de septiembre de 1955 provocó, entre junio y septiembre, la muerte de casi 2000 personas, entre civiles y militares.
Ese mismo día, una vez asilado Perón, Lonardi emitió un bando con el nombre de "Decreto Nº 1" por el que se nombra a sí mismo como "presidente provisional de la Nación", solicita el reconocimiento de los otros países y establece la sede provisoria del gobierno en la Ciudad de Córdoba. El 22 de septiembre Uruguay reconoció a Lonardi como presidente de Argentina, entre tanto éste disolvió el Congreso Nacional y nombró interventores en varias provincias.
El 23 de septiembre el general Lonardi y el almirante Rojas llegaron a Buenos Aires. Ese mismo día el primero prestó juramento asumiendo el título de "Presidente Provisional" y al día siguiente designó al almirante Isaac Rojas como "Vicepresidente Provisional". La portada del diario Clarín de ese día convocaba a la población a hacerse presente en la Plaza de Mayo con el siguiente titular: "Cita de honor con la libertad. También para la República la noche ha quedado atrás".
La asunción de Lonardi fue acompañada por una gran multitud reunida en la Plaza de Mayo. Algunas consignas de los manifestantes fueron: "Argentinos sí, nazis no"; "San Martín sí, Rosas no", "YPF sí, California no", "No venimos por decreto, ni nos pagan el boleto". El 25 de septiembre reconocieron al gobierno militar los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña, éste último luego de prestar importante apoyo a los insurrectos.
Distintos sectores de la sociedad argentina coincidían en caracterizar al régimen peronista como una dictadura, por esta razón amplios secotres durante algún tiempo se sintieron identificadas con el nombre de “Revolución Libertadora” que los militares golpistas dieron a la intervención que quebró el orden democrático. Los jefes militares que encabezaron el golpe se presentaron como los verdaderos representantes, de la democracia y la libertad.
Entre las medidas tomadas se encuentran la clausura del Congreso, la intervención de las provincias, la cancelación del contrato de concesión de explotación petrolífera con una empresa norteamericana, la intervención de las universidades y la formación de una Junta Consultiva integrada por representantes de los partidos tradicionales.
Lonardi era afín al nacionalismo católico y proclive a contemporizar con el peronismo. Frente a él, los sectores intransigentemente antiperonistas -encabezados por el vicepresidente, el almirante Isaac F. Rojas-, apoyados por los partidos políticos del frente antiperonista, reclamaban una política dura contra los partidarios del gobierno derrocado.
Gobierno de Eduardo LonardiEl general Eduardo Lonardi gobernó solo 52 días, hasta ser derrocado por el sector liberal de los golpistas. Además padecía un cáncer cuyos síntomas ya eran notables al comienzo de la insurrección y que finalizaría con su vida en marzo del año siguiente. Representaba una fracción de las fuerzas armadas, de orientación nacionalista católica, que tenía como objetivo derrocar a Perón y excluirlo de la vida nacional, así como impedir que el peronismo volviera al poder ―al menos en lo inmediato―, pero sin recurrir a una represión masiva, ni derogar la Constitución de 1949 y las leyes sociales y laborales que habían caracterizado al gobierno peronista.
El lema político que expresaba esa intención fue la consigna pronunciada al asumir el poder, «ni vencedores ni vencidos», tomada de Justo José de Urquiza, que se convirtió en una de las frases políticas más famosas de la historia argentina.
Luchas internasA poco de asumir el general Lonardi, se manifestaron las diferencias entre las dos alas del gobierno militar:
• el ala nacionalista católica, liderada por Lonardi, más proclive a negociar con el peronismo y preservar la mayor parte de las conquistas sociales y laborales logradas.
• el ala liberal, liderada por el vicepresidente almirante Isaac Rojas, pretendía erradicar totalmente al peronismo de la vida política y sindical argentina, derogar las medidas sociales y laborales establecidas durante el gobierno peronista, y establecer una política económica dirigida por los economistas más conservadores.
(“Liberal” no debe entenderse en el sentido etimológico o tal como se lo entendería en Europa.)
En este primer período de la Revolución Libertadora, el peronismo intentó maniobrar aprovechando las diferencias entre ambas corrientes militares, para obtener ventajas y ganar tiempo para reorganizarse alrededor del movimiento sindical. Por esa razón ese momento fue conocido como la entente cordiale.
El 5 de octubre, la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) renunció asumiendo la dirección provisoria Andrés Framini y Luis Natalini de Luz y Fuerza. Los sindicalistas negociaban con el régimen militar, a través del Ministro de Trabajo Luis Cerruti Costa, un socialcristiano, abogado del sindicato metalúrgico, que había sido peronista hasta 1947. Al día siguiente de asumir la dirección de la CGT, Framini y Natalini firmaron un pacto formal con el ministro Cerruti Costa, por el cual el gobierno reconocía a las autoridades de la CGT y se comprometía a designar interventores imparciales en los sindicatos, donde se deberían realizar elecciones democráticas en 120 días. Por su parte, la CGT aceptó realizar algunas concesiones, como la eliminación del preámbulo del estatuto (adoptaba la doctrina peronista) y la eliminación del 17 de octubre como feriado.
Para fines del mes de octubre, las tensiones en pugna se acentuaron.
Ante la actitud ofensiva demostrada por el peronismo a través de la CGT, los sectores liberales del régimen militar se movieron para obtener mayor poder. El 1 de noviembre la Marina ocupó el Ministerio de Trabajo con el fin de desencadenar la represión de los sindicalistas peronistas. Cerruti Costa resiste la presión y logra, con apoyo de Lonardi, un nuevo pacto con la CGT, por el cual vuelven a ser reconocidas las autoridades de la central sindical y se decide designar de común acuerdo a los interventores sindicales que procederían a la normalización.
El ala liberal volvió a tomar la iniciativa el 11 de noviembre, al formarse una Junta Consultiva Nacional del gobierno militar (creada por decreto del 28 de octubre), presidida por el almirante Rojas e integrada por políticos destacados designados por la mayor parte de los partidos antiperonistas
Asimilándola a un poder legislativo, el gobierno militar decidió que la Junta Consultiva se reuniría en el edificio del Congreso Nacional y, haciendo una interpretación extensiva de la Constitución Nacional (art. 50) en la que el Vicepresidente de la Nación es Presidente del Senado, consideró que debía ser presidida por el almirante Rojas, en su condición de vicepresidente de facto.
La constitución de la Junta Consultiva influyó decisivamente para que predominara en el gobierno militar el sector liberal y una línea claramente antiperonista. El desplazamiento inminente del sector nacionalista católico era evidente.
El 13 de noviembre un golpe desalojó del poder al general Lonardi e instaló como nuevo presidente de facto a un liberal, el general Pedro Eugenio Aramburu. Al día siguiente el gobierno militar dio a conocer tres comunicados con la firma de Aramburu que informaban de los motivos del desplazamiento de Lonardi: el primero se limitó a informar del cese; el segundo sostiene que Lonardi había sido depuesto debido a la "presencia de grupos que orientaron su política hacia un extremismo totalitario incompatible con las convicciones democráticas de la Revolución Libertadora"; y el tercero amplía las razones acusando al grupo de Lonardi de "escudarse tras el estandarte de la religión católica".
Gobierno de Pedro Eduardo Aramburu (1955-1958)El general Aramburu asumió la presidencia de facto el día 13 de noviembre de 1955, en tanto que el almirante Rojas, líder del ala liberal, permaneció como vicepresidente. Se inició así una segunda etapa de la dictadura militar, caracterizada esencialmente por adoptar una línea dura frente al peronismo, abandonando así el lema «ni vencedores, ni vencidos».
Los sectores autoritarios que rechazaban la orientación del gobierno de Perón y se resistían a aceptar los profundos cambios sociales llevados a cabo por el peronismo, se afianzaron en el gobierno. La proscripción de Perón, la disolución del Partido Peronista y la inhabilitación política para sus dirigentes más destacados fueron seguidas por la prohibición de la publicación del nombre de Perón y de cualquier símbolo, palabra o imagen de éste.
El Ejército retiró de sus filas algunos militares a quienes se atribuía simpatías con el peronismo, al tiempo que se disolvió el partido peronista y se devolvió el diario "La Prensa" a sus propietarios.
Inmediatamente la CGT declaró una huelga general para los días 15, 16 y 17 de noviembre. Ese mismo día el gobierno militar encarceló a más de 9.000 dirigentes sindicales, incluidos Framini y Natalini. El paro solo tuvo adhesión en algunos distritos obreros como Avellaneda, Berisso y Rosario y debió ser levantado al día siguiente de iniciarse. La CGT y la mayor parte de los sindicatos fueron intervenidos por los militares.
Además, se investigaron las presuntas irregularidades producidas durante la presidencia de Perón, a partir de la Comisión General de Investigaciones.
Se inició un largo período proscripción del peronismo de la vida militar, pública y docente que se extendería hasta 1973, y que dio lugar a un movimiento opositor, muchas veces clandestino, conocido como la Resistencia Peronista.
Restitución de la Constitución de 1853
La constitución vigente era llamada "Constitución Justicialista", sancionada en 1949. Una de las decisiones del general Aramburu fue la derogación de la Constitución de 1949, mediante proclama de abril de 1956, que declaraba nula la reforma constitucional realizada en 1949 e imponía la Constitución de 1853 con las reformas de 1860, 1866 y 1898.
La decisión fue cuestionada por diversos sectores, debido a la imposibilidad jurídica de que se pudiera aceptar que un presidente de facto militar, derogara una constitución e impusiera otra. La derogación por decisión militar de la Constitución, generó una crisis en la Corte Suprema que, si bien aceptaba una cierta legitimidad del régimen por aplicación de la doctrina de los gobiernos de facto, tenía establecido que un régimen así debía ser provisorio y mantener la Constitución como norma suprema. La crisis llevó a la renuncia de uno de los cinco miembros de la Corte.
Luego de intensas discusiones sobre cómo resolver la cuestión, el gobierno militar decidió convocar a una Convención Constituyente que convalidara el acto. A tal efecto, se decidió también que los convencionales a la misma serían elegidos en elecciones en las que no pudiera participar el Partido Peronista.
Las elecciones se realizaron el 28 de julio de 1957 y en ellas el voto en blanco, propuesto por el peronismo, resultó en la primera minoría.
La Convención Constituyente, excluido el peronismo, se reunió y, en su primera sesión, procedió a convalidar la decisión del gobierno militar de declarar nula la Constitución de 1949 y establecer la vigencia de la Constitución de 1853, con las modificaciones de 1860, 1866 y 1898. Cuando la Convención Constituyente se preparó para proceder a incluir los derechos humanos de segunda generación (sociales y laborales) y aquellos relacionados con una orientación social de la economía, los sectores conservadores que dominaban la Convención, debido a la ausencia del peronismo y de la UCRI, comenzaron a retirarse para dejar a la Convención sin quorum y evitar las reformas. En esa circunstancias, el ala izquierda de la Unión Cívica Radical del Pueblo, liderada por su presidente Crisólogo Larralde, presionó a los delegados del partido para que no abandonaran las reuniones y así logró que se aprobara la inclusión del artículo 14 bis, referidos a los derechos del trabajador, de los gremios y de la seguridad social.
Pero inmediatamente después de votado el artículo 14 bis, los convencionales conservadores y gran parte de los convencionales radicales dejaron simplemente de asistir a la Asamblea, dejando sin quórum a la Convención, que no pudo siquiera tratar la extensa lista de reformas que se había propuesto.
Sobre el final de la Convención Constituyente de 1957, y ya sin quórum, el convencional socialista Alfredo Palacios, pronunciaba las siguientes palabras: “Los que se han ido serán responsables ante el pueblo y ante la historia. Por hoy basta con el repudio de esta Asamblea y de sus propios compañeros; repudio terrible, Señor Presidente.”
Represión y resistencia social al gobierno de AramburuAramburu emitió varios decretos que tenían como objetivo desintegrar al peronismo como fuerza política y social. Por ejemplo, decretó la inhabilitación de todos los dirigentes políticos y gremiales que hubieran participado del gobierno de Perón.
Los militares intervinieron la C.G.T. y controlaron las sedes de los gremios mediante fuerzas de seguridad. También suspendieron las convenciones colectivas de trabajo privando a los trabajadores de negociar mejoras salariales en un período en el que el poder adquisitivo de los salarios decaía a causa de la inflación.
Frente a esta situación los trabajadores organizaron y protagonizaron acciones de resistencia. Se rebelaron contra la prohibición del peronismo. Realizaban actos en las celdas. Otros se concentraron en comandos de resistencia social, que surgieron en todo el país, algunos comenzaron a organizar sabotajes y subir el tono de las protestas, comenzaron a utilizar explosivos de fabricación casera.
Primeramente estos grupos no tenían conexión entre sí. El intento por establecer una relación orgánica partió de John W. Cooke (quien había sido diputado peronista en 1946 y a quien Perón nombró su delegado). Desde 1957 las acciones de la resistencia fueron creciendo en organización.
Política interna y legislación laboralEn el gabinete del nuevo gobierno se produjeron cambios sustanciales respecto al anterior, participando del mismo desde integrantes de la derecha hasta socialistas. En el Ministerio del Interior, asumieron dos radicales. También eran radicales el Ministro de Educación y el Ministro de Trabajo (quien era frondizista).
En materia laboral aprobó el régimen de asignaciones familiares para empleados de comercio y trabajadores de la industria. También aprobó la primera regulación laboral específica para trabajadores domésticos concediéndoles beneficios laborales como la indemnización por despido, horario de trabajo, vacaciones pagadas, salario por enfermedad, condiciones de trabajo, etc. También incrementó el monto de la indemnización por accidente de trabajo.
Política económicaEn el ámbito económico, Argentina ingresó al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Se realizó y se finalizó obra pública, como, por ejemplo, la Usina de San Nicolás, en 1957, la ampliación de la red caminera y la aprobación de una ley destinada a promover la industria automotriz. Se promovió la industrialización de la Patagonia.
Política cultural y educativaDurante el gobierno de facto de Aramburu, se reabrió el principal teatro judío de Buenos Aires, el IFT (Teatro Popular Judío). Isidro Odena, identificado con la izquierda, fue nombrado Director Nacional de Radiodifusión. Por otra parte, se creó el Fondo Nacional de las Artes, cuyo primer directorio estuvo presidido por Victoria Ocampo.
Se le cambió el nombre al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
La dictadura militar reprimió sistemáticamente la expresión de las ideas ligadas al peronismo. De ese modo, fueron clausuradas publicaciones como la revista "De Frente" y el periódico Palabra Argentina, simultáneamente con el encarcelamiento de su director. También se dejaron sin efecto los nombres alusivos al peronismo que designaban a calles, plazas, estaciones de subterráneo y de ferrocarril, municipios, escuelas, hospitales y otros establecimientos públicos. También se cambió el nombre de las provincias Eva Perón (La Pampa) y Presidente Perón (Chaco) y de la ciudad Eva Perón que recuperó el nombre de La Plata. También se retiraron los bustos de Eva Perón y de Juan Domingo Perón que estaban en numerosos lugares y establecimientos públicos.
Pese a los referido actos de represión de la libertad de prensa, la Sociedad Interamericana de Prensa, consideró en 1957 que en Argentina existía libertad de prensa, diferenciándola de lo que ocurría en otros países latinoamericanos.
En materia universitaria, se restableció un régimen de autonomía universitaria, con cogobierno estudiantil, con la salvedad de que las universidades no podían permitir el acceso a la cátedra de docentes peronistas o ligados con el peronismo. El socialdemócrata José Luis Romero, fue nombrado rector de la Universidad de Buenos Aires, a partir de una terna elevada por la FUBA.
Simultáneamente al impulso brindado a las universidades nacionales tradicionales, el gobierno militar implementó una política de desfinanciamiento y postergación de la Universidad Obrera Nacional (UON), creada durante el gobierno de Perón, con la evidente intención de organizarla como instituto de formación no universitario. Los estudiantes de la UON se organizaron para reclamar la misma organización y reconocimiento que las demás universidades, y comenzaron a denominarla Universidad Tecnológica Nacional, denominación que finalmente fue adoptada de manera oficial, cuando la misma fue reconocida y organizada como universidad en 1959, durante el gobierno de Arturo Frondizi.
En materia de investigación científica, el gobierno militar reorganizó el CONITYC y lo renombró como Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), designando a su frente al Premio Nobel Bernardo Houssay.
Relaciones exterioresEn el ámbito de las relaciones exteriores, el gobierno de facto de Aramburu se enfrentó con el dictador Alfredo Stroessner, tanto por motivos geopolíticos como doctrinarios. Como embajador en Uruguay fue nombrado el socialista Alfredo Palacios.
Por otra parte, a partir de la Ley 4144, se anuló la posibilidad de expulsar a extranjeros del país.
El 25 de mayo de 1957, agentes del gobierno militar argentino en Caracas, instalados en la embajada argentina en ese país, realizaron un fallido atentado para asesinar a Juan D. Perón, haciendo estallar su auto. En respuesta, Venezuela expulsó al embajador argentino en ese país, general Federico Toranzo Montero, hecho que llevó a la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.
Cuando Aramburu consideró, en 1957, que debía levantarse la proscripción contra el peronismo, se enfrentó duramente con su "vice" Isaac Rojas, quién se opuso férreamente. La medida había sido propuesta por el presidente y el Ministro del Interior, el balbinista Carlos Alconada Aramburú. Aramburu evaluó continuar adelante con la Revolución sin el apoyo de la Marina, aunque esto resultó imposible en la práctica, pues la Marina era el grupo más homogéneo y aguerrido de los que habían participado en el golpe.
La “Revolución Libertadora” y la oposición peronismo-antiperonismoLa Revolución Libertadora ha sido materia de encendido debates sobre su justificación, en el marco de la oposición entre peronismo y antiperonismo. Históricamente, peronistas y antiperonistas se han acusado mutuamente de no proceder en forma democrática: el peronismo señalando la participación de los políticos antiperonistas en complots, actos terroristas e intentos de golpes de Estado; y el antiperonismo señalando el proceder autoritario del gobierno, el control de los medios de comunicación y las acciones represivas.
Sin embargo esos debates se han ido atenuando desde la instalación definitiva de la democracia en diciembre de 1983. Los gobiernos democráticos instalados desde entonces, han tendido a no reconocer legitimidad histórica a ninguno de los gobiernos militares, incluida la llamada Revolución Libertadora, y se han abstenido de utilizar los nombres de sus gobernantes de facto para designar calles, edificios, plazas y otros espacios públicos, así como realizar actos de conmemoración de los golpes, a la vez que se han aprobado iniciativas para cambiar nombres de espacios públicos que llevaban sus nombres.
División de la Unión Cívica RadicalDentro de este tradicional partido se fueron perfilando líneas políticas: una encabezada por Arturo Frondizi y otra dirigida por el doctor Ricardo Balbín.
En 1956 se reunió en Tucumán la Convención Nacional de la U.C.R. con la ausencia de los delegados partidarios de Balbín. La asamblea proclamó a Arturo Frondizi y a Alejandro Gómez como integrantes de la fórmula radical. La ruptura del partido ofreció dos versiones a los ciudadanos: la U.C.R. intransigente liberada por Frondizi y la U.C.R. del pueblo dirigida por Balbín.
Levantamiento del general Juan José Valle y fusilamientosSe denomina Fusilamientos de José León Suárez a la masacre de militantes políticos, civiles y militares ocurrida el 9 de junio de 1956 en los basurales de José León Suárez, en el partido de General San Martín, Gran Buenos Aires, Argentina, durante el gobierno de facto de la autodenominada "Revolución Libertadora".
El Teniente General post mortem Juan José Valle (Buenos Aires, 1896 - Buenos Aires, 12 de junio de 1956) fue un militar argentino que en 1956 encabezó una fallida sublevación cívico-militar contra la dictadura militar, autodenominada Revolución Libertadora, del General Pedro Eugenio Aramburu. Derrotado el movimiento, Valle fue fusilado junto a otros revolucionarios. Por este acto algunos sectores han denominado a aquel gobierno militar como "la Fusiladora.
El 9 de junio de 1956 se produjo un levantamiento cívico-militar peronista contra el gobierno de facto de Aramburu, liderado por el general Juan José Valle, quien a su vez estuvo secundado en el mando por el general Raúl Tanco y los dirigentes sindicales Andrés Framini y Armando Cabo.
En los enfrentamientos los sublevados mataron a tres personas -Blas Closs, Rafael Fernández y Bernardino Rodríguez- y tuvieron a su vez dos muertos -Carlos Yrigoyen y Rolando Zanera- sin contar, por supuesto, los que fueron luego fusilados.
Respecto del propósito de los rebeldes dice el historiador Joseph A. Page: "El manifiesto que delineaba los objetivos del movimiento era un tanto vago; llamaba a elecciones a la brevedad posible y exigía la preservación del patrimonio nacional pero no decía nada respecto a Perón. Aunque un grupo de peronistas, individualmente, se unieron a la conspiración y las bases del partido la consideraban como un intento de entronizar nuevamente al conductor, la resistencia peronista se mantuvo a la distancia".
Los dictadores Aramburu e Isaac Rojas sabían de la conjura pero habían decidido no abortarla. Así en la noche del 8 de junio de 1956 son apresados cientos de dirigentes gremiales para restar base social al movimiento. Aramburu viajó ese día a la provincia de Santa Fe y dejó el Decreto 10.362 de Ley Marcial, y preparados los Decretos 10.363/56, de pena de muerte, y el 10.364 de las personas a fusilar. Los decretos eran correlativos y se publicaron así en el Boletín Oficial con posterioridad.
Los sublevados habían previsto leer la "proclama revolucionaria", a las 23 del 9 de junio. La instrucción a los insurrectos para lanzarse a la acción parecía ser la escucha por radio de una pelea de box en el Luna Park, de Buenos Aires.
El equipo de Valle estuvo comandado por el coronel José Irigoyen, el capitán Costales y varios civiles. Eran las 22. La radio se instaló en la Escuela Técnica N° 5 "Salvador Debenedetti" en Avellaneda. Pero a las 22:30, un comando del gobierno los arrestó a todos. La proclama sólo se escuchó en la provincia de La Pampa, donde actuaba el coronel Adolfo Philippeaux.
Otros lugares de la alzada eran: Campo de Mayo, sublevado por los coroneles Ricardo Ibazeta y Eduardo Cortínez; el Regimiento II de Palermo, por el sargento Isauro Costa; la Escuela de Mecánica del Ejército, por el mayor Hugo Quiroga; el Regimiento 7 de la Plata, por Cogorno; el grupo de civiles, entre otros, operando en Florida, en la calle Hipólito Yrigoyen 4519, donde se reunieron Lizaso, Carranza, Garibotti, Brión, Rodríguez y Troxler, entre otros. Además, hubo civiles armados y militares que intentaron sublevarse en Santa Fe, Rosario (tomaron por varias horas el Regimiento), Rafaela y Viedma. Excepto en La Pampa, la mayoría de los jefes de la sublevación fueron apresados. Ante el fracaso del levantamiento, el general Tanco se dirige a Berisso y debe huir y esconderse. Mientras el general Valle se oculta en Buenos Aires, en la casa del político mendocino amigo, Adolfo Gabrielli, ante la certeza de que el movimiento había sido delatado y fracasado.
Los levantamientos fueron entre las 22 y las 24 del 9 de junio. El gobierno establece a las 0:32 del 10 de junio la Ley Marcial por el decreto de Aramburu, Rojas, los ministros de Ejército, Arturo Ossorio Arana, de Marina; Teodoro Hartung; de Aeronáutica, Julio César Krause y de Justicia, Laureano Landaburu. Es decir, que para aplicar la Ley Marcial a los sublevados, ésta debía ser aplicada con retroactividad al delito cometido, violando el principio legal de la irretroactividad de la ley penal. Pocas horas después, firman el decreto 10.363 que ordena fusilar a quienes violen la Ley Marcial. Entre las 2 y las 4, se ejecuta a los detenidos en Lanús. Horas más tarde, en los basurales de José León Súarez, la policía bonaerense, a cargo del Teniente Coronel Desiderio Fernández Suárez le ordena al jefe de la Regional San Martín, Comisario Rodolfo Rodríguez Moreno, que ejecute, con armas cortas, a 12 civiles, lo que realiza en los basurales de José León Suárez, en el partido de San Martín, Provincia de Buenos Aires. De ellos cinco mueren y siete logran huir y uno de estos, Juan Carlos Livraga, será el "fusilado que vive" que permite a Walsh reconstruir la historia.
En la Escuela de Mecánica del Ejército, el general Ricardo Arandía consulta telefónicamente a Aramburu, ya en Buenos Aires el 10 de junio al mediodía, sobre los detenidos. En Campo de Mayo, en tanto, el general Juan Carlos Lorio preside un tribunal que realiza un juicio sumarísimo. Concluye que los sublevados no deben ser fusilados. Pero Aramburu ratifica su decisión. Lorio pide que se deje por escrito. Aramburu y su gobierno, entonces, firman el decreto 10.364 que detalla la lista de once militares que deben ser fusilados (único documento de fusilamiento, oficialmente inscrito en la historia argentina).
No existen registros de los juicios sumarios. No existe registro del informe forense que debió determinar la causa de la muerte.
Los 18 militares fusilados fueron: el Gral. de División Juan José Valle, Coronel Ricardo S. Ibazeta, Coronel Alcibíades E. Cortines, Coronel José A. Irigoyen, Tte. Coronel Oscar L. Cogorno, Capitán Eloy L. Caro, Capitán Dardo N. Cano, Capitán Jorge M. Costales, Tte. Primero Jorge L. Noriega, Tte. Primero Néstor M. Ovidela, Subteniente Alberto J. Abadie, Suboficial Ppal. Miguel Á.l Paolini, Suboficial Ppal. Ernesto Garecca, Sargento Ayte. Luis Pugnetti, Sargento Hugo E. Quiroga, Sargento Luis Bagnetti, Cabo Miguel J. Rodríguez, Cabo Músico Luciano I. Rojas. Los 14 civiles fusilados fueron: Clemente B. Ross, Norberto Ross, Osvaldo A. Albedro, Dante H. Lugo, Aldo E. Jofré, Miguel Á. Mauriño, Rolando Zanetta, Ramón R. Videla, Carlos Irigoyen, Carlos A. Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Mario Brion, Vicente Rodríguez. 32 fusilados: un acto represivo que no tenía antecedentes en la historia argentina.
Valle se había refugiado en casa de un amigo, Andrés Gabrielli. Como insistía en presentarse, Gabrielli se entrevistó con el capitán Francisco Manrique en la Casa de Gobierno y obtuvo la promesa de que se respetaría su vida. El 12 de junio Valle esperó que Manrique lo fuera a buscar y lo llevara al Regimiento de Palermo, donde lo interrogaron y condenaron a muerte. Manrique fue a ver al general Aramburu y éste se negó a conmutarle la pena aduciendo que después que se había fusilado a suboficiales y civiles no se podía dejar de aplicar la misma pena al cabecilla del movimiento. A las 8 de la noche avisaron a su familia que a las 10 sería fusilado. Su hija Susana que tenía entonces 18 años buscó a Monseñor Tato, que había sido expulsado por Perón en 1955, quien por intermedio del Nuncio Apostólico obtuvo que el Papa telegrafiara un pedido de clemencia a Aramburu, sin resultado.
Momentos antes de ser fusilado, el general Valle le escribió una histórica carta al general Aramburu en la que le reclama duramente la decisión de fusilar a los insurrectos y justifica el levantamiento en la necesidad de defender al pueblo de un gobierno que le estaba "imponiendo el libertinaje de una minoría oligárquica". En uno de sus párrafos la carta dice: “Con fusilarme a mí bastaba. Pero no, han querido ustedes, escarmentar al pueblo, cobrarse la impopularidad confesada por el mismo Rojas, vengarse de los sabotajes, cubrir el fracaso de las investigaciones, desvirtuadas al día siguiente en solicitadas de los diarios y desahogar una vez más su odio al pueblo. De aquí esta inconcebible y monstruosa ola de asesinatos.
Entre mi suerte y la de ustedes me quedo con la mía. Mi esposa y mi hija, a través de sus lágrimas verán en mí un idealista sacrificado por la causa del pueblo. Las mujeres de ustedes, hasta ellas, verán asomárseles por los ojos sus almas de asesinos. Y si les sonríen y los besan será para disimular el terror que les causan. Aunque vivan cien años sus víctimas les seguirán a cualquier rincón del mundo donde pretendan esconderse. Vivirán ustedes, sus mujeres y sus hijos, bajo el terror constante de ser asesinados. Porque ningún derecho, ni natural ni divino, justificará jamás tantas ejecuciones.”
El director del Museo Penitenciario, en 2005, Horacio Benegas, entonces recién ingresado al servicio, recuerda que "el 11 en la madrugada fueron fusilados tres militares" en la vieja penitenciaría de la Av. Las Heras, actual parque Las Heras (en las calles Coronel Díaz y Las Heras, donde se encuentra una placa colocada en su memoria y la de los demás fusilados). Valle fue alojado en el 6º piso. La última que lo vio con vida fue su hija Susana Valle. Ese 12 de junio, a las 22:20, Valle fue fusilado. No hubo orden escrita ni decreto de fusilamiento, ni registro de los responsables. El 13 de junio cesó la ley marcial. El general Tanco con otros sublevados logró, el 14 de junio, asilarse en la Embajada de Haití en Buenos Aires, a cargo del embajador Jean Brierre. Pero el jefe del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE), general Domingo Quaranta, invadió la delegación para secuestrar y detener a los asilados. Pero el haitiano Briere logró salvarlos.
Los fusilamientos estuvieron signados por irregularidades, como la aplicación retroactiva de la ley marcial, decretos pre-redactados, falta de registros sobre la existencia de juicios sumarios y de las órdenes de ejecución, etc. Los mismos incluyeron también fusilamientos clandestinos de civiles en un basural de José León Suárez. Otro acto abiertamente ilegal fue el asalto a la embajada de Haití por parte de un grupo comando, que secuestró a los insurrectos allí asilados, entre ellos, el general Raúl Tanco, los cuales fueron devueltos a su asilo cuando el embajador presentó su reclamo.
Los fusilamientos han sido fuertemente cuestionados por actores políticos, observadores e historiadores, tanto por su falta de legalidad como por el grado de violencia innecesaria que los mismos implicaron, así como por sus consecuencias negativas, desatando desde el Estado un ciclo vicioso de violencia y terror que desembocó más tarde en la llamada Guerra Sucia en la Argentina. Más allá de las irregularidades concretas que presentan los fusilamientos en cada caso, quienes cuestionan los mismos destacan que la Constitución Nacional de la Argentina prohíbe la pena de muerte por causas políticas desde 1853.
Perón fijó su posición en una carta enviada a Cooke: Criticó "el golpe militar frustrado", que atribuyó a "la falta de prudencia que caracteriza a los militares". Después, los acusó de haberlo traicionado y conjeturó que, de no haberse ido del país, lo hubieran asesinado "para hacer méritos con los vencedores". Sobre la misma carta dice Page: "En una carta que Perón envió a John William Cooke el mismo día del levantamiento de Valle, no había la más mínima traza de compasión por los militares rebeldes. El conductor criticaba su apresuramiento y falta de prudencia y aseguraba que sólo su ira por haber debido sufrir el retiro involuntario los había motivado a actuar".
Sobrevivientes de la masacre de José león SuárezLos sobrevivientes fueron Julio Troxler (jefe de Policía de la provincia de Buenos Aires, 1973, en el gobierno peronista de Victorio Calabró, actor de “Los hijos de Fierro” de Pino Solanas; y asesinado en 1974 por la "Triple A"), Cesar Benavídez, Gavino, Di Chiano, Torres, Giunta y Livraga.
La masacre en la literatura argentina• Operación Masacre de Rodolfo Walsh, publicada en Arts. en 1957 y luego editada como libro.
• Mártires y verdugos de Salvador Ferla.
• El Presidente Duerme - Fusilados en Junio de 1956, la Generación de una Causa, escrito por Daniel Brion, hijo de Mario ―asesinado en los basurales de José León Suarez― y presidente del IMEPU ―Instituto por la Memoria del Pueblo.
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